Tres relatores especiales de la ONU en derechos humanos* se refirieron este viernes a la “Operación Dúdula” como un ejemplo de discurso de odio. Originalmente una campaña en las redes sociales, la Operación Dúdula se ha convertido en una plataforma para la movilización de protestas violentas, incendios provocados en casas y negocios propiedad de inmigrantes, e incluso el asesinato de ciudadanos extranjeros.
Los expertos advirtieron que la movilización xenófoba en curso es amplia y profunda, y que se ha convertido en la estrategia central de campaña de algunos partidos políticos del país.
“El discurso antiinmigrante de altos funcionarios ha avivado las llamas de la violencia, y los actores del gobierno no han logrado prevenir más violencia ni pedir cuentas a los responsables”, apuntaron.
“Demasiado negro para ser sudafricano”
“Nos preocupa que Sudáfrica esté al borde de una violencia explosiva dada la falta de una acción urgente por parte del gobierno para frenar el uso de migrantes y refugiados como chivos expiatorios”, abundaron, citando además la violencia e intimidación generalizadas contra estos grupos.
El grupo recordó que la xenofobia, especialmente contra los inmigrantes y refugiados africanos y del sureste asiático de bajos ingresos, ha sido una característica de la política sudafricana durante muchos años.
En 2008, por ejemplo, la violencia xenófoba provocó la muerte de más de 60 personas y contribuyó al desplazamiento de al menos 100.000.
La xenofobia a menudo se manifiesta explícitamente y se dirige a inmigrantes y refugiados negros de bajos ingresos y, en algunos casos, a ciudadanos del propio país acusados de ser “demasiado negros para ser sudafricanos”.
En un incidente muy difundido en abril de 2022, un ciudadano de Zimbabue de 43 años y padre de cuatro hijos fue asesinado en Diepsloot por un grupo que iba de puerta en puerta exigiendo visas.
Los atacantes sacaron a la víctima de un lugar donde buscaba refugio, la golpearon y le prendieron fuego. La violencia ha continuado sin cesar.
Asimismo, se cree que el incendio del mercado de Yeoville en Johannesburgo, el 20 de junio de este año, fue llevado a cabo por personas que tenían como objetivo a los comerciantes inmigrantes.
Discriminación institucionalizada
Los expertos de la ONU advirtieron que la discriminación contra los ciudadanos extranjeros en Sudáfrica se ha institucionalizado tanto en la política gubernamental como en la sociedad sudafricana en general.
Esto ha propiciado violaciones del derecho a la vida y la integridad física, y de los derechos a un nivel de vida adecuado y al más alto nivel posible de salud, además de elevar los riesgos de detención arbitraria, tortura y devolución.
Los expertos también expresaron alarma por la corrupción generalizada en los sistemas de migración y asilo de Sudáfrica, que agudiza estos problemas.
“El costo en vidas y dignidad humana, particularmente a la luz de los últimos 30 años de violencia xenófoba, sigue siendo generalizado y profundamente preocupante”, subrayaron.
Lamentaron que Sudáfrica no cumpla con sus obligaciones de proteger y promover los derechos humanos, ni de prevenir la discriminación racial y xenófoba.
“Mientras tanto, los perpetradores disfrutan de una impunidad generalizada por la violencia y la retórica xenófoba, lo que lleva a la falta de rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos y al florecimiento de plataformas políticas racistas y xenófobas”, alertaron los relatores especiales.
Los expertos instaron a los actores públicos y privados a cumplir sus compromisos con los derechos humanos y la justicia racial, y a adoptar una posición firme contra la violencia racista y xenófoba imperante en Sudáfrica.
Los expertos de la ONU han estado en comunicación oficial con el gobierno sudafricano para abordar estas cuestiones y aclarar sus obligaciones en virtud del derecho internacional.
Los firmantes del comunicado son: Tendayi Achiume, relatora especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Felipe González Morales, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes.* Los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.